SANTIAGO, República Dominicana.- El Concordato crea un status jurídico sui generis en el mundo entero, claro que a favor de la Iglesia Católica-Vaticano, a la que le otorga toda la libertad en el ejercicio de sus funciones, un convenio leonino que es una vergüenza a la ética de derecho universal.
(Y no lo decimos nosotras, las mujeres, ya que el convenio, para nada inocente, ha sido re-que-te-analizado por juriconsultos del mundo y hasta de la misma Iglesia Católica).
Analistas del tema, concluyen sus reflexiones diciendo que solamente la perversidad de los sátrapas, que abundaban a la firma del adefesio y para la época, combinada con la de los representantes del Vaticano, no menos pérfidos, pudieron crear un documento tal que compromete, en este caso al Estado dominicano, al sostenimiento económico y a toda otra ayuda que la Iglesia Católica-Vaticano necesite para el logro de los fines contractuales.
Mientras tanto, la Iglesia Católica, sólo aporta “complementar santamente su acción elevando oraciones al señor por la República y sus autoridades”, como lo decía el asesor eclesiástico del dictador Trujillo y capellán del templo San Rafael Arcángel, del Palacio Nacional, monseñor Eduardo Ross, en conferencia dictada en el auditorium de la Junta Directiva del Partido Dominicano el 17 de diciembre del 1958.
En tiempos de tantas reformas legales, parece mentira que haya que discutir la existencia de un convenio de alianza entre la Iglesia Católica y el Estado dominicano, realizado en el marco de una de las peores dictaduras de la época y de una de las también más cuestionadas gestiones del Vaticano, sin siquiera revisarlo, solo porque a una de las partes, claro que la más gananciosa, no le interesa.
Conocidos son los impertinentes subsidios a los “negocios” de la Iglesia Católica y a su personal; las exoneraciones de pagos tributarios de todo orden; la estructura organizacional enquistada dentro del Estado dominicano con absoluta desfachatez, mientras nuestra Constitución mantiene la proclama de libertad de cultos como un derecho ciudadano; el vicariato castrense y sus salarios de lujo, solo por enunciar algunos que se ven.
La permanencia del Concordato, también impacta negativamente el desarrollo de una cultura política moderna y de instituciones democráticas, siendo impedimento también, de la gobernabilidad tan enunciada por la sociedad político partidista del país, sin que se mencione la necesidad de un Estado laico para respetar la ciudadanía de quienes no se alinean con la Iglesia Católica, cada vez en mayor porcentaje.
Precisamente, y en total acuerdo con Denise Paiewonsky, cuando expuso en el Seminario Internacional “Pobreza, Religión y Justicia Social en América Latina y el Caribe”, organizado por CLACSO-CROP, en el Centro de Estudios Sociales Juan Montalvo y FLACSO-RD, en julio del año pasado, como “el reclamo por un Estado laico se sitúa en el contexto global de la lucha contra los fundamentalismos religiosos y la consolidación del régimen internacional de derechos humanos, como base de la organización política de los Estados democráticos modernos […] como el Artículo 4 de la Declaración Universal de la Laicidad en el Siglo XXI, los tres principios fundamentales de la laicidad son: respeto a la libertad de conciencia y de su práctica individual y colectiva; autonomía de lo político y de la sociedad civil frente a las normas religiosas y filosóficas particulares; no discriminación directa o indirecta de las personas”.
Es hora de que la clase gobernante aborde estos problemas con seriedad y de frente, y tenga en cuenta que la separación Iglesia-Estado además de constituir la garantía imprescindible para la libertad de creencia y cultos, es indispensable para el ordenamiento político de las democracias modernas.
(susipola@gmail.com)
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